El vapuleado derecho de propiedad

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende 3 facultades principales: uso (ius utendi), disfrute (ius fruendi) y disposición (ius abutendi), La distinción que proviene del Derecho romano. El derecho de propiedad es el más completo que se puede tener sobre una cosa: la cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y a la acción de su propietario, sin más límites que los que marca la Ley o los provocados por “la concurrencia de varios derechos incompatibles en su ilimitado ejercicio”.

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Las sociedades humanos comenzaron a desarrollarse hace unos 400 años en Holanda, porque justamente, impone el derecho de propiedad. No obstante, con el transcurso del tiempo, siempre se trató de desvalorizarlo a traves de ciertas ideas politicas, como el comunismo, luego llamado socialismo, y en la hoy moderna social democracia instaladas en las economias de bienestar europeas. Su idea es colocar la propiedad bajo una hipotetica función social, y asi se justifica su expropiación en pos de la utilidad publica. Asi se inician las limitaciones intrínsecas o inherentes al derecho. Esa función social puede justificar entonces su expropiación ó confiscación. La necesidad del derecho de propiedad es tal que sin el no sería posible calcular ningún costo, ni retribución que se le ha de pagar a una persona por su trabajo. El desarrollo que ha experimentado el ser humano sería impensable si este derecho no existiese, y es que el ahorro es imposible sin propiedad.
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No obstante, si existe un derecho que suele ser continuamente atacado y despreciado es éste. Los que más se oponen al mismo suelen basar su argumentación en que se trata del origen último de la miseria de muchas personas. Y en efecto es así, pero por razones totalmente opuestas a las que creen los que demonizan y tratan de minusvalorar el derecho de la propiedad. Si tratamos de resumir características comunes de los países de menor riqueza económica, nos encontramos con una fundamental: la inseguridad jurídica de las propiedades de los ciudadanos. En algunos casos, el proceso legal para adquirir y defender una propiedad frente a terceros es tan engorroso y lleva tanto tiempo en dichos países que sólo los ciudadanos más pudientes, que pueden contratar los servicios de grandes asesores y que gozan de grandes contactos con sus respectivas administraciones públicas, pueden completarlo con ciertas garantías. Para el resto de los ciudadanos, la seguridad jurídica es casi nula.
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Los resultados del Indice Internacional de Derecho de Propiedad 2012, elaborado por la Property Rights Alliance y presentado en Buenos Aires por la fundación Libertad y Progreso, deberían ser un gran motivo de preocupación del argentino medio, si este conservara intacto su sentido común. La Argentina está ubicada en el puesto 87° sobre un total de 130 países. Es una posición muy deficiente. Los mejore ubicados en la región son Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México y Perú, con índices que marcan una clara diferencia respecto del que se asigna a nuestro país. No es casual que estas naciones hayan sido en los últimos años receptoras de inversiones en magnitudes que superan holgadamente a las que recibe nuestro país.

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La debilidad de los derechos de propiedad son el principal obstáculo al que se enfrenta el ciudadano pobre en un país subdesarrollado. El derecho a la propiedad no es la causa de la pobreza de las personas, sino que es justo al revés: negar el derecho de propiedad es lo que hace que los pobres no puedan ahorrar ni acceder al crédito, ni tampoco a las inversiones. El apoyo a gobiernos que pisotean el derecho de propiedad es como escupir al cielo y a la larga o a la corta nos caerá en nuestra propia cara. La propiedad está asociada íntimamente con la libertad del ser humano y con los demás derechos individuales. Muchas veces, erróneamente, se relaciona el legítimo respeto por la propiedad física o intelectual con la demanda de ricos y poderosos. Esta concepción equivocada suele pecar de cierto matiz ideológico. Todos somos propietarios. En primer lugar, de nuestro cuerpo y de nuestras ideas.

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Cuando la Justicia define la propiedad es incluyente y se refiere a aquellas cosas a las que cada persona les da valor. El respeto por la propiedad es necesario para aquel que vive en la abundancia, pero, es aún más necesario para que el más carenciado pueda acceder a algo. No son casuales los resultados del Indice Internacional de Derecho de Propiedad y es infantil que sigamos pensando que es una conspiración internacional. ¿Acaso no fue un atropello contra el derecho de propiedad la estatización de todos los ahorros previsionales, ocurrido en el año 2008? Millones de personas habían confiado sus aportes al sistema de AFJP y, de la noche a la mañana, ese dinero pasó a las arcas del Estado para ser utilizado, no al pago de jubilaciones, sino en el financiamiento de un gasto público desbordado o de actividades que nada tienen que ver con la seguridad previsional.
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¿Acaso no es un atropello al derecho de la propiedad cuando un juez demora 2 años en devolverle el inmueble a su propietario, cuando un inquilino no abona más la renta?. ¿No es una afrenta el demorar 10 años en devolver un inmueble tomados por una ocupación ilegal?. Cuando la Justicia no corrige estos problemas y no lleva esas demoras a términos razonables, nos esta diciendo que no le importa el derecho de propiedad. Y estos errores los debemos pagar toda la sociedad, pues nadie invierte ni aventura su dinero en un país donde su propia justicia niega los derechos fundamentales. Se ve claramente en la constante fuga de capitales del país. El mismo comentario se puede hacer con respecto a nuestros lideres sociales, politicos y periodistas en general, pues a nadie parece importarle el tema y jamas lo comentan.

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Lo mismo les ocurrió a quienes comercializan productos hacia y desde el exterior y que, en los últimos años, tuvieron que someterse a la discrecionalidad de un funcionario o a la elevación no prevista de derechos que deterioraron su rentabilidad y el valor de sus inversiones. Se ha llegado al extremo de tener que cerrar empresas, en algunos casos de reciente construcción o adquisición. Tampoco se respeta el derecho de propiedad de las personas cuando se les prohíbe ahorrar en la moneda que desean, impidiendo una transacción totalmente lícita y, de esa forma, la preservación del resultado de sus esfuerzos frente a una inflación de la que son víctimas. Uno de los factores contemplados por el Indice de Derecho de Propiedad es el acceso al crédito, algo solo posible para millonarios en el país. Es decir, que quienes más lo necesitan quedan fuera del sistema y ésa es una de las razones por las cuales se han multiplicado las villas de emergencia en los últimos años.
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El respeto por el derecho de propiedad no se agota en el reconocimiento de un título inmobiliario, sino que es mucho más amplio. Incluye la posibilidad de disponer libremente de los propios recursos. Este derecho no le queda garantizado a una empresa a la que se le imponen precios máximos que desconocen la evolución de los costos. Peor aún si esos costos son impulsados discrecionalmente por quien controla a su vez sus precios de venta. Van contra la propiedad los impuestos abusivos, las obligaciones arbitrarias o la canalización discrecional del gasto público hacia unos en desmedro de otros. En este sentido, la distribución de la pauta publicitaria oficial como premio o castigo en función del alineamiento con el poder es un caso donde el derecho de propiedad es afectado simultáneamente con el de la libertad de expresión. La deficiente ubicación del país en el índice citado tendría que motivar a los argentinos a valorar más sus derechos individuales y a reclamar que se respeten según lo establece la Constitución Nacional.

NOTA: un desalojo en España ó EE.UU. demora 2 meses máximo y puede ser realizado sin intervención de un abogado.

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